El taller sobre la reforma de dependencia y discapacidad aborda los nuevos derechos y las claves para su aplicación efectiva
La abogada Ángeles Blanco destacó que la reforma consagra reivindicaciones históricas del movimiento asociativo y subrayó la aplicación directa de buena parte de sus previsiones.
El taller “La nueva ley de dependencia y discapacidad: claves para la aplicación práctica y retos del personal técnico” se puso en marcha ayer, 18 de noviembre, en modalidad telemática, con la intervención de la abogada Ángeles Blanco. La formación está orientada a facilitar al personal técnico herramientas jurídicas para la atención, la orientación y el acompañamiento a las personas con discapacidad.
Durante su intervención, Blanco destacó que la reforma consagra demandas históricas del movimiento asociativo de la discapacidad y representa un avance en la garantía de derechos, la autonomía personal y la inclusión en la comunidad.
Uno de los ejes de la sesión fue la eficacia de las modificaciones legales. Según el análisis jurídico expuesto por la formadora, buena parte de sus previsiones, cuando tienen un contenido suficientemente determinado, resulta directamente aplicable desde su entrada en vigor, sin quedar supeditada a un posterior desarrollo autonómico. Ello debe distinguirse de las medidas que sí requieren concreción reglamentaria o actuaciones de ejecución.
Especial atención recibió la denominada pasarela entre dependencia y discapacidad. El artículo 4.2 de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, modificado por la Ley 4/2026, establece una asimilación al 33 % de discapacidad para quienes tienen reconocido oficialmente un grado I de dependencia y al 65 % para los grados II y III. Sus efectos se circunscriben a los ámbitos legalmente previstos o expresamente contemplados por otras normas y excluyen el tributario.
Esta asimilación opera por mandato legal, sin necesidad de una norma autonómica que la constituya, pero únicamente a los efectos expresamente previstos por la reforma, sin implicar una equiparación general en todos los ámbitos. Esta delimitación puede generar dudas interpretativas e inseguridad jurídica sobre los derechos y beneficios a los que permite acceder, por lo que resulta esencial contar con criterios claros y homogéneos para su acreditación y aplicación administrativa, evitando que la incertidumbre o las adaptaciones de gestión se conviertan en barreras para el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos.
Asimismo, se abordaron otras cuestiones clave de la reforma, como el refuerzo de la asistencia personal, la accesibilidad universal y los ajustes razonables, así como la orientación de los cuidados y apoyos hacia la vida independiente y la inclusión en la comunidad, situando la voluntad, las preferencias y el proyecto de vida de cada persona en el centro de la intervención profesional.
En materia de accesibilidad, se prestó especial atención a la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal y a las obligaciones de las comunidades de propietarios/as respecto de la ejecución de obras de eliminación de barreras y las posibilidades de financiación, además de la vía judicial como instrumento para exigir el cumplimiento de estas obligaciones.
Esta actividad se enmarca en el “Programa Formativo para la Innovación Social. Actualidad Jurídica, financiado por el Plan de Prioridades de Fundación ONCE a través de COCEMFE.








