Manifiesto 25N: Todas las violencias cuentan. Ninguna violencia es menor por no dejar marca.
Cada 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, alzamos la voz para recordar que la violencia es una vulneración de derechos humanos, una manifestación de la desigualdad estructural entre mujeres y hombres y un mecanismo de poder, control y dominación.
Desde CEMUDIS, la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad, denunciamos que las mujeres y niñas con discapacidad vivimos formas múltiples y agravadas de violencia como consecuencia de la discriminación interseccional que vivimos. El machismo y el capacitismo no son sistemas de discriminación que actúan por separado, sino que se entrecruzan, se retroalimentan y multiplican nuestra exposición a la violencia. Y a menudo se suman a otros ejes de desigualdad como la edad, el origen, el medio rural, el tipo de discapacidad o el grado de apoyos que necesitamos, agravando aún más esta vulnerabilidad. Esta discriminación múltiple dificulta la detección de la violencia, invisibiliza nuestras experiencias y levanta barreras específicas para acceder a los sistemas de protección, la justicia y la reparación.
Las mujeres con discapacidad tenemos voz propia y derecho a decidir sobre nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestras relaciones, nuestros cuidados y nuestros proyectos de futuro.
Sin embargo, nuestras necesidades continúan siendo invisibilizadas tanto en las políticas de igualdad como de discapacidad. Demasiadas veces la violencia que vivimos se disfraza de cuidado, de protección, de convivencia familiar o de necesidades derivadas de la discapacidad. Y demasiadas veces se normaliza, se justifica o se atribuye directamente a una enfermedad o a nuestra propia discapacidad, sin pararse antes a investigar qué está ocurriendo realmente en nuestro entorno.
Los datos confirman una realidad que no admite indiferencia. La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2024 señala que las mujeres con discapacidad presentan una mayor prevalencia de violencia física, sexual y psicológica a lo largo de su vida. El 16.4% de las mujeres con discapacidad que han vivido violencia por parte de una pareja considera que su discapacidad es consecuencia directa de esa violencia. Además, la prevalencia de violaciones fuera de la pareja alcanza el 4.6% entre las mujeres con una discapacidad reconocida o superior al 33%m frente al 3.1% entre las mujeres sin discapacidad.
Las mujeres y niñas con discapacidad vivimos violencia física, psicológica, sexual, económica, obstétrica, cultural, digital y vicaria. Estas violencias pueden aparecer de manera aislada o combinarse y reforzarse entre sí. Pueden ejercerse mediante acciones directas, pero también mediante la omisión, la negligencia o la negación de derechos y apoyos.
Se ha de hacer un mayor esfuerzo en no permitir que se sucedan situaciones de violencia vicaria o retirada o amenazas de retirada o alejamiento de las hijas o hijos por tener discapacidad o por ver limitados o restringidos los apoyos y cuidados.
La violencia procede de más partes además de la pareja o expareja. En la situación de mujeres con discapacidad, la violencia puede ser ejercida por familiares, personas cuidadoras, asistentes personales, profesionales, personal de apoyo u otras personas de nuestro entorno. Puede producirse en el hogar, en centros residenciales, sanitarios o sociales, en el trabajo, en espacios educativos y asociativos, en la vía pública y en los entornos digitales.
En las mujeres con discapacidad, la dependencia de determinados apoyos puede dificultar especialmente la detención, denuncia y salida de situaciones de violencia cuando quien agrede controla también los cuidados, la movilidad, los ingresos, la vivienda o la asistencia personal. Por eso, garantizar la autonomía, accesibilidad y los apoyos adecuados es también una medida de prevención y protección frente a la violencia.
La reciente reforma de las leyes de discapacidad y dependencia incorpora por primera vez de forma expresa la protección de las mujeres con discapacidad ante las múltiples violencias que viven, reconociendo su derecho a recibir apoyos adecuados para garantizar su seguridad, autonomía personal y plena participación en la sociedad. La reforma contempla, entre otras medidas, el acceso prioritario a la asistencia personal, la plena accesibilidad de los servicios de atención y la coordinación entre los sistemas de dependencia y de protección frente a la violencia.
Estos avances deben traducirse en apoyos y recursos accesibles y efectivos que permitan a las mujeres con discapacidad tomar el control de sus vidas y salir de situaciones de violencia. Ninguna mujer debería verse obligada a permanecer en una situación de violencia porque depende de quien la ejerce para cubrir sus necesidades de cuidado, apoyo, movilidad o participación en la comunidad.
Cuidar no es controlar. Apoyar no es sustituir nuestra voluntad. Proteger no es aislar. La violencia por omisión también es violencia.
A estas circunstancias se suman la precariedad económica, el aislamiento, la falta de redes, la brecha digital y territorial, y la ausencia de alternativas accesibles. También persisten barreras en los sistemas de prevención, denuncia, protección, atención y reparación que dejan fuera a muchas mujeres con discapacidad.
No basta con crear recursos si no podemos acceder a ellos. No es suficiente con reconocer derechos si no contamos con los apoyos necesarios para ejercerlos. No basta con escuchar si se pone en duda nuestro relato, nos infantilizan o se toman decisiones sin contar con nosotras.
Por todo ello, CEMUDIS y sus entidades confederadas reivindicamos:
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Reconocer todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad, tanto las ejercidas por acción como por omisión tanto dentro como fuera de la pareja.
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Incorporar la perspectiva de género, discapacidad e interseccionalidad en todas las políticas, normas, presupuestos, protocolos y servicios contra las violencias machistas, incluido el desarrollo de las leyes de discapacidad y dependencia.
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Garantizar la accesibilidad universal de los recursos de prevención, denuncia, protección, acogida, atención, recuperación, justicia y reparación.
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Proporcionar ajustes razonables y apoyos individualizados, respetando siempre nuestra voluntad, preferencias, intimidad y capacidad de decisión.
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Garantizar la formación especializada y continua en violencia contra las mujeres con discapacidad de las y los profesionales de los diferentes ámbitos: sanitario, social, educativo, judicial y asistencial, asó como de las personas que prestan servicios de cuidado y apoyo.
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Desarrollar y garantizar las medidas de accesibilidad y los apoyos previstos en la reforma de la legislación en materia de discapacidad y dependencia, evitando que la falta de recursos y apoyos adecuados las aboque a la institucionalización como única alternativa posible.
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Proteger nuestros derechos sexuales y reproductivos, garantizando información accesible y consentimiento libre e informado.
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Reconocer y garantizar el derecho al borrado de contenidos, imágenes e información difundidos sin consentimiento como una herramienta prioritaria de protección frente a la violencia digital y sexual digital, asegurando mecanismos de solicitud, denuncia y respuestas accesibles, rápidos y eficaces.
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Recopilar datos desagregados que permitan conocer la dimensión real de todas estas violencias y evaluar políticas públicas.
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Dotar de recursos estables a las organizaciones de mujeres con discapacidad para desarrollar labores de prevención, detención, acompañamiento e incidencia.
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Garantizar nuestra participación efectiva en el diseño, aplicación y evaluación de las políticas y los recursos que afectan a nuestras vidas.
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Prevenir y erradicar la violencia vicaria ejercida contra las mujeres con discapacidad, así como las situaciones de retirada, amenaza de retirada o separación de sus hijas e hijos motivados por su discapacidad o por la limitación, restricción o ausencia de los apoyos y recursos necesarios para el ejercicio de la maternidad.
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Garantizar una respuesta institucional integral, coordinada y especializada frente a todas las formas de violencia ejercidas contra las mujeres con discapacidad, así como promover un tratamiento informativo responsable por parte de los medios de comunicación.
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Desarrollar y garantizar la aplicación efectiva de la figura de la persona experta facilitadora procesal, reconocida en la reciente reforma de la legislación en materia de discapacidad y dependencia (Ley 4/2026), asegurando su disponibilidad en los procedimientos judiciales, policiales y preprocésales cuando sea necesaria.
Todas las violencias cuentan, todos los derechos nos pertenecen y toda la sociedad debe implicarse. Porque defender los derechos humanos y promover el empoderamiento de las mujeres con discapacidad son claves para construir una sociedad en la que ninguna violencia tenga cabida.








