Sevilla, 28.04.2026.

• Andalucía Inclusiva COCEMFE celebró ayer un encuentro con representantes de las principales formaciones políticas andaluzas en el marco del ciclo “Coloquios que suman”, en plena precampaña de las elecciones al Parlamento de Andalucía que se celebrarán el próximo 17 de mayo.

• La jornada se concibió como un espacio de interlocución directa para trasladar, sin intermediarios, las prioridades del sector de la discapacidad física y orgánica a quienes aspiran a responsabilidades de gobierno.

El acto comenzó con una recepción institucional y atención a medios, dando paso a la apertura moderada por Mª Jesús Azor (RTVA), en la que la presidenta de Andalucía Inclusiva COCEMFE, Rocío Pérez Gómez, enmarcó el encuentro en un momento político clave: “no se trata de incorporar la discapacidad a la agenda, sino de asumir que forma parte estructural de cualquier política pública”.

En la mesa institucional participaron, junto a la presidenta, miembros de la ejecutiva de la entidad, entre ellos Francisco Márquez Liñán, Marta Castillo Díaz, María José Urbano Maldonado y Josefa Bohórquez Toro, reforzando la representatividad territorial del movimiento asociativo.

El debate, estructurado en cinco bloques (empleo, accesibilidad, salud, educación y mujer y discapacidad), permitió confrontar posicionamientos y, sobre todo, evidenciar hasta qué punto la discapacidad sigue siendo una variable ausente o insuficientemente desarrollada en las propuestas políticas.

Demandas del colectivo

Durante su intervención, la presidenta de Andalucía Inclusiva COCEMFE señaló que se han diseñado políticas públicas de espaldas a esta realidad, especialmente en sistemas clave como el sanitario y el sociosanitario, generando situaciones de exclusión que no pueden normalizarse.

Frente a ello, defendió un giro en la lógica de intervención pública: la discapacidad no puede quedar relegada a los servicios sociales. Con una población que representa entre el 10% y el 15% de la ciudadanía, su incorporación debe ser transversal, operativa y evaluable en todas las políticas.

Pérez presentó el documento base de Andalucía Inclusiva, articulado en 11 líneas estratégicas ya trasladadas a todas las formaciones políticas, con un objetivo nítido: que dejen de ser reivindicaciones del sector para convertirse en compromisos políticos verificables.

Desde Andalucía Inclusiva COCEMFE se reclama la incorporación efectiva del enfoque de discapacidad en todas las políticas públicas, superando inercias administrativas basadas en el desconocimiento. Se exige transparencia en la gestión de recursos públicos y mecanismos de fiscalización claros. Se defiende el derecho a una vida independiente, con procedimientos ágiles de reconocimiento de la discapacidad y la dependencia.

En el ámbito sanitario, se puso el foco en la discapacidad orgánica, reclamando protocolos específicos, formación del personal y adaptación real de los servicios, incluyendo consultas ginecológicas accesibles en hospitales de referencia. En educación, se reafirmó la apuesta por un modelo inclusivo, con el horizonte de superar progresivamente la segregación.

En empleo, se defendió el acceso al trabajo en condiciones dignas, con una doble estrategia: impulso decidido de la empresa ordinaria y sostenimiento de los centros especiales de empleo de iniciativa social como herramienta todavía necesaria.

Especial atención mereció la situación de mujeres y niñas con discapacidad, señalando su invisibilidad en las políticas públicas y la necesidad de medidas específicas, particularmente en el abordaje de la violencia de género y en el acceso a la salud sexual y reproductiva.

Junto a ello, se abordó la sostenibilidad del movimiento asociativo, advirtiendo de la inestabilidad financiera que compromete su capacidad de acción, y se reivindicaron derechos vinculados al deporte, el ocio y el turismo accesible, no solo desde una perspectiva social, sino también económica para Andalucía.

Asimismo, Pérez reforzó una idea que atraviesa todo el posicionamiento de Andalucía Inclusiva COCEMFE: no se trata de ampliar servicios, sino de garantizar derechos. El movimiento asociativo no se sitúa en la periferia del sistema, sino en el centro del debate democrático.

En plena precampaña, el mensaje trasladado a las formaciones políticas fue directo: la discapacidad no puede seguir siendo un apartado residual en los programas electorales. La próxima legislatura será determinante para consolidar avances o perpetuar inercias que ya no se sostienen.

Tras la apertura institucional, la moderadora Mª Jesús Azor (RTVA) dio paso al desarrollo del encuentro solicitando a las personas representantes políticas que ocuparan las butacas situadas en la parte delantera de la mesa presidencial, marcando así el inicio de un debate estructurado y orientado a resultados.

A continuación, se inició la mesa redonda, articulada en cinco grandes áreas de análisis - empleo, accesibilidad, salud y ámbito sociosanitario, educación y mujer con discapacidad-, comenzando con la presentación de las candidaturas participantes. La moderadora introdujo este bloque solicitando a cada representante que, además de identificarse, expusiera su vínculo personal o político con la discapacidad, situando desde el inicio el debate en un plano tanto técnico como experiencial.

Intervino Esperanza Gómez, candidata al Parlamento de Andalucía por Por Andalucía, quien se definió como madre de una niña con síndrome de Down, trasladando una idea que marcó el tono de su intervención: el rechazo a la constante necesidad de “pedir disculpas” a la administración por reclamar derechos básicos.

Por su parte, José Luis Ruiz-Espejo, candidato del PSOE de Andalucía, puso el acento en su trayectoria institucional, destacando su participación en la comisión parlamentaria de atención a las personas con discapacidad y su vinculación con el tejido asociativo, especialmente en el ámbito del síndrome de Down.

A continuación, Beatriz Jurado, candidata del Partido Popular de Andalucía, señaló su implicación continuada en estas políticas y su experiencia personal como madre de un hijo con trastorno del espectro del autismo. Subrayó el consenso existente en esta materia entre fuerzas políticas y reivindicó avances como la aprobación de la Ley de Atención Temprana.

En representación de VOX Andalucía intervino Cristina Peláez, quien expuso su experiencia como madre de un hijo con discapacidad visual, destacando el papel de entidades como Fundación ONCE en ámbitos como la atención temprana visual y la adaptación educativa.

Cerró este primer bloque Joaquín Guerra, representante de Adelante Andalucía, quien reivindicó su vivencia en primera persona como persona con discapacidad, denunciando la persistencia de situaciones de discriminación y recordando que el eje central del debate debe situarse en el reconocimiento efectivo de derechos.

Primer bloque: empleo

El debate se abrió con el eje de empleo, uno de los ámbitos donde las brechas siguen siendo más evidentes.

Desde el Partido Popular, Beatriz Jurado, se trasladó una posición alineada con las demandas del sector, destacando el desarrollo del II Plan de Empleo de Personas con Discapacidad vigente hasta 2028 Se insistió en la necesidad de reforzar incentivos a la contratación —con ayudas de hasta 15.000 euros—, impulsar el empleo autónomo y avanzar tanto en la empresa ordinaria como en el acceso al empleo público mediante el cumplimiento de las reservas legales.

José Luis Ruiz, candidato del PSOE, puso el foco en la necesidad de que el crecimiento económico tenga un impacto real en las personas con discapacidad, defendiendo políticas específicas que reduzcan la brecha estructural. Reivindicó el papel de los centros especiales de empleo, especialmente los de iniciativa social, así como la necesidad de anticipar convocatorias, garantizar financiación y reforzar la inspección de trabajo con especialización en discapacidad.

Desde Adelante Andalucía, Joaquín Guerra, introdujo un elemento de tensión en el debate al señalar que el problema no reside en la ausencia de normativa, sino en su incumplimiento. Se defendió la necesidad de garantizar el acceso al empleo en igualdad de condiciones, tanto en la empresa ordinaria como en la administración pública, incorporando además medidas específicas para el acompañamiento en salud mental y poniendo el acento en la accesibilidad como condición previa para la inserción laboral.

Esperanza Gómez, candidata de Por Andalucía, incidió en la falta de voluntad política como factor limitante, señalando que la administración debe ser la primera en cumplir la legislación vigente en materia de empleo público. Se reclamaron incentivos eficaces para el sector privado y se planteó un objetivo claro: equiparar las tasas de empleo de las personas con discapacidad con las del conjunto de la población. Asimismo, se denunció la persistencia de estereotipos que siguen situando a las personas con discapacidad como una carga en el entorno laboral.

Cristina Peláez de VOX centró su intervención en la necesidad de reorientar los recursos públicos hacia medidas que generen impacto real, proponiendo incentivos fiscales a la contratación, simplificación de ayudas y revisión del sistema de subvenciones a centros especiales de empleo, introduciendo criterios vinculados a resultados. Se insistió en que Andalucía continúa en posiciones rezagadas en inserción laboral de personas con discapacidad, señalando responsabilidades acumuladas de distintos gobiernos.

El bloque se cerró con un turno de réplicas en el que el Partido Popular defendió las medidas ya en marcha y reivindicó el papel del tercer sector como aliado estratégico, mientras que el PSOE subrayó que los avances logrados han sido impulsados fundamentalmente por el movimiento asociativo y las propias personas con discapacidad.

Desde Adelante Andalucía se trasladó un reconocimiento explícito al trabajo de las entidades, en la misma línea que Por Andalucía, que destacó el papel tractor del tejido asociativo en la definición de políticas públicas. VOX, por su parte, cuestionó la eficacia de las medidas actuales, poniendo el foco en los resultados y reclamando la incorporación de propuestas alternativas.

Segundo bloque: accesibilidad

El segundo eje del debate abordó la accesibilidad, identificada como una condición habilitante para el ejercicio efectivo de derechos y uno de los ámbitos donde las brechas siguen siendo más visibles en la vida cotidiana.

Desde el PSOE se planteó la accesibilidad universal como uno de los pilares iniciales sobre los que debe construirse la igualdad de oportunidades, subrayando su impacto no solo en las personas con discapacidad, sino en el conjunto de la ciudadanía. Se defendió el cumplimiento efectivo del marco normativo vigente y la necesidad de desplegar un enfoque integral bajo el concepto de “Andalucía accesible”, incorporando criterios de accesibilidad como elementos evaluables en las convocatorias públicas. Asimismo, se insistió en avanzar en herramientas como la lectura fácil y en eliminar barreras que limitan la participación social, política e institucional.

En la misma línea de exigencia normativa, Joaquín Guerra de Adelante Andalucía, incidió en el incumplimiento generalizado de la legislación, trasladando además su experiencia personal ante situaciones cotidianas que evidencian déficits estructurales, como la falta de accesibilidad en paradas de autobús o las dificultades añadidas para personas con discapacidad sensorial. Introdujo también la necesidad de impulsar la accesibilidad en sectores como la cultura y el turismo.

Por su parte, Esperanza Gómez, de Por Andalucía situó el foco en el papel de la administración pública como garante, señalando la necesidad de eliminar barreras en el acceso a servicios y procedimientos, incluyendo el ámbito educativo y el acceso al empleo público. Reivindicó medidas concretas como la adaptación de pruebas, el impulso de la lectura fácil y la planificación efectiva para la eliminación de barreras en el transporte público, advirtiendo que la falta de accesibilidad en la movilidad constituye una forma directa de discriminación. También puso el acento en la accesibilidad en la vivienda, reclamando un incremento de las ayudas destinadas a la eliminación de barreras.

Desde VOX, Cristina Peláez denunció la persistencia de barreras físicas, visuales y acústicas que resultan incompatibles con los estándares actuales, señalando ejemplos concretos en el transporte urbano. Planteó la necesidad de auditorías sistemáticas municipio a municipio para evaluar la accesibilidad real, así como la implantación de planes de eliminación de barreras con financiación finalista. Asimismo, defendió la introducción de sanciones ante el incumplimiento de los plazos legales por parte de las administraciones públicas.

El Partido Popular enmarcó la accesibilidad como uno de los ámbitos más tangibles de la acción pública, reconociendo avances en programas como “Andalucía más accesible”, especialmente en la mejora de viviendas mediante la instalación de ascensores y la eliminación de barreras arquitectónicas. No obstante, se reconoció la lentitud de los procesos y la necesidad de seguir avanzando desde una lógica de cooperación institucional entre administraciones. Se destacó también el impulso de medidas vinculadas a la autonomía personal, el acceso a tecnologías de apoyo, la mejora de la tarjeta de estacionamiento y el reconocimiento de derechos como el uso de perros de asistencia.

En el turno de réplica, el PSOE insistió en ampliar el concepto de accesibilidad más allá de lo físico, incorporando dimensiones sociales y tecnológicas, mientras que desde Adelante Andalucía se introdujo el debate sobre la vivienda accesible, señalando las limitaciones existentes en el marco de la propiedad horizontal y las dificultades económicas de las comunidades de vecinos para acometer adaptaciones.

Por Andalucía amplió el foco hacia ámbitos como el ocio y el deporte, reivindicando espacios inclusivos en parques, equipamientos culturales y entornos comunitarios, mientras que VOX volvió a incidir en la necesidad de reordenar prioridades presupuestarias, situando a las familias con personas con discapacidad como eje preferente de la acción pública.

Tercer bloque: salud y ámbito sociosanitario

Desde el PSOE se reconoció la existencia de retrasos estructurales en el sistema de reconocimiento de la discapacidad y dependencia, donde además persisten desigualdades territoriales. Plantó un plan de choque para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley, priorizando los casos más graves y mejorando la coordinación sociosanitaria. En materia de salud, se defendió el incremento de especialistas, la ampliación de la atención temprana más allá de los seis años y medidas de simplificación administrativa, como el reconocimiento automático de la intensificación de la ayuda a domicilio. En réplica, rechazó que el problema radique exclusivamente en la financiación estatal, señalando que Andalucía cuenta con niveles de financiación elevados en comparación con otras comunidades que presentan mejores resultados.

Beatriz Jurado, del Partido Popular centró su intervención en el esfuerzo inversor realizado, destacando el incremento de recursos en dependencia -con una inversión acumulada de 16.000 millones-, la ampliación de prestaciones y la reducción de plazos, aunque admitiendo que estos siguen siendo inaceptables, situándose en torno a los 400 días. Defendió el refuerzo de la ayuda a domicilio y el aumento del precio plaza como líneas de continuidad, junto a la necesidad de agilizar el acceso a tratamientos sanitarios, especialmente en enfermedades raras. En el turno de contraste, Jurado señaló la insuficiencia de la financiación estatal como un factor determinante y apeló a un marco de corresponsabilidad entre administraciones.

Por Andalucía, Esperanza Gómez, puso el foco en la brecha entre derechos reconocidos y acceso real, especialmente en atención temprana, donde muchas familias continúan sin cobertura efectiva. Reclamó la ampliación de prestaciones sanitarias -como audífonos dentro del sistema público- y el refuerzo de los sistemas de reconocimiento de discapacidad. Alertó además del impacto directo de los retrasos en dependencia sobre las personas cuidadoras, evidenciando una situación que calificó de especialmente grave. En su intervención insistió en la necesidad de reforzar la estructura administrativa para evitar el colapso del sistema.

Desde Adelante Andalucía, Joaquín Guerra articuló una crítica directa al incumplimiento de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, denunciando esperas de hasta dos años y medio. Reivindicó medidas inmediatas para garantizar el acceso efectivo al sistema sanitario, incluyendo la mejora de la accesibilidad en centros hospitalarios -grúas, baños adaptados o atención ginecológica accesible- y la agilización de los procedimientos de reconocimiento de discapacidad. Incorporó además la dimensión del deporte como parte de la salud, subrayando la necesidad de financiar ayudas técnicas específicas. En su posicionamiento insistió en que el problema no es normativo, sino de ejecución.

VOX, representado por Cristina Peláez, planteó un enfoque centrado en la reorganización del sistema, proponiendo un plan de choque para reducir listas de espera mediante refuerzo de centros de valoración y digitalización de expedientes. Defendió la ampliación de plazas residenciales y concertadas, la coordinación efectiva entre sanidad y servicios sociales y la implantación del cheque-servicio para reforzar la capacidad de decisión de las familias. Asimismo, incorporó medidas de apoyo directo como el respiro familiar, la atención psicológica y líneas específicas para zonas rurales. En su intervención crítica, cuestionó los datos oficiales, señalando que la realidad sigue marcada por retrasos de años en el reconocimiento d ela discapacidad y de la situación de dependencia en provincias concretas, lo que evidencia, a su juicio, una falta de eficacia en la gestión.

Cuarto bloque: educación

El bloque de educación evidenció una preocupación compartida por la falta de recursos reales para sostener un modelo inclusivo, con especial foco en los apoyos, las ratios y la respuesta efectiva del sistema educativo.

Por Andalucía, Esperanza Gómez realizó un diagnóstico especialmente crítico, señalando un fracaso del sistema educativo andaluz en términos de inclusión real. Denunció la falta de apoyos efectivos en las aulas, situaciones de segregación de facto y la imposibilidad de que muchos alumnos y alumnas titulen por limitaciones estructurales del sistema. Puso el acento en la necesidad de reforzar personal especializado, mejorar la formación del profesorado y reducir ratios -planteando referencias concretas como un profesional de pedagogía terapéutica por cada ocho alumnos-. Asimismo, incidió en la urgencia de incorporar la enfermería escolar, señalando situaciones de desprotección de familias ante problemas de salud en el entorno educativo. En su intervención posterior matizó su posición sobre la inclusión, defendiendo la escolarización en centros ordinarios siempre que existan los apoyos adecuados.

VOX, con Cristina Peláez, coincidió en la insuficiencia de recursos, señalando la falta de profesorado de apoyo y la dependencia de la buena voluntad de los equipos docentes. Defendió el refuerzo de plantillas, la reducción de burocracia en las adaptaciones curriculares y la extensión de la atención temprana hasta el final de la educación primaria mediante una regulación específica. Planteó además la libertad de elección entre educación ordinaria y especial, apostando por el blindaje de los centros de educación especial. En su réplica, vinculó la falta de recursos a una mala priorización presupuestaria, defendiendo que los fondos públicos deben destinarse de forma preferente a las familias con personas con discapacidad.

El Partido Popular centró su intervención en la evolución del sistema, destacando el incremento de la inversión y el aumento de recursos humanos en los últimos años, así como el dato de escolarización del 88% del alumnado con discapacidad en entornos ordinarios. Defendió la apuesta del Gobierno andaluz por la educación inclusiva, señalando la ampliación de aulas específicas, el incremento del profesorado de apoyo y la incorporación de figuras como la enfermería de referencia escolar. Reconoció, no obstante, que persisten déficits y que es necesario seguir ampliando equipos y competencias. En su intervención final, reforzó la idea de que la inclusión no es solo una cuestión de recursos, sino también de modelo educativo y convivencia.

Desde el PSOE se defendió la educación como eje estructural de inclusión social, insistiendo en que el sistema educativo debe garantizar la escolarización ordinaria como principio general, relegando la educación especial a situaciones muy específicas y reconvirtiéndola progresivamente en recurso de apoyo. Se planteó la necesidad de cubrir de manera efectiva todas las plantillas de apoyo, asegurar la presencia de profesionales especializados en todas las etapas educativas y extender la inclusión al ámbito universitario y de la formación profesional. También se defendió la implantación de la enfermería escolar. En réplica, se introdujo el debate sobre ratios, proponiendo su reducción aprovechando el descenso demográfico, y se vinculó la sostenibilidad del sistema a un enfoque inclusivo amplio, cuestionando discursos que, a su juicio, pueden generar exclusión.

Por su parte, Joaquín Guerra, en representación de Adelante Andalucía, fundamentó su intervención en el artículo 24 de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, defendiendo el derecho a una educación inclusiva con los apoyos necesarios dentro del sistema ordinario. Reclamó la incorporación de profesionales especializados en el aula y cuestionó la derivación de recursos hacia el sistema privado. En el turno de contraste, amplió el debate introduciendo la relación entre inclusión educativa y cohesión social, defendiendo la aportación de la población migrante y la necesidad de invertir en educación como estrategia de futuro, también en clave de lucha contra la discriminación.

El bloque se cerró con un intercambio más ideológico entre Adelante Andalucía y VOX en torno a la asignación de recursos y el enfoque de las políticas públicas, evidenciando dos modelos diferenciados: uno centrado en la ampliación del sistema público inclusivo y otro en la priorización del gasto y la libertad de elección de las familias.

Quinto bloque: mujer y discapacidad

El último eje del debate introdujo uno de los elementos más políticos del encuentro: el enfoque de género en la discapacidad, donde se evidenciaron posiciones claramente diferenciadas.

Desde VOX, Cristina Peláez rechazó la necesidad de incorporar una perspectiva de género específica, defendiendo que la discapacidad debe abordarse desde las necesidades individuales y no desde categorías diferenciadas entre mujeres y hombres. Planteó que la protección debe dirigirse a cualquier persona en situación de vulnerabilidad, independientemente de su sexo, y cuestionó que la variable de género sea determinante en el análisis de la discapacidad. En su intervención posterior insistió en que la violencia debe abordarse de forma global, sin enfoques diferenciados.

El Partido Popular sostuvo una posición contraria, afirmando que las mujeres con discapacidad enfrentan una doble desigualdad que no puede obviarse. Defendió que esta realidad está ampliamente respaldada por el propio movimiento asociativo y que requiere respuestas específicas. En este marco, puso en valor el desarrollo del futuro Plan de Acción Integral para Mujeres con Discapacidad 2026–2029 y las medidas ya existentes en Andalucía, como los protocolos de atención a víctimas de violencia de género, orientados a dar respuesta a esta situación diferencial.

Desde el PSOE se reforzó esta línea con base en datos, señalando la existencia de brechas claras en empleo, salarios y condiciones de vida que afectan de manera específica a las mujeres con discapacidad. Defendieron la necesidad de seguir generando evidencia -a través de estudios y datos desagregados- para orientar las políticas públicas, así como garantizar el acceso a recursos en igualdad de condiciones, especialmente en materia de violencia de género. Introdujeron además cuestiones como la salud sexual y reproductiva, la planificación familiar y la erradicación de prácticas como la esterilización forzosa, insistiendo en la necesidad de una respuesta integral.

Por Andalucía, a través de Esperanza Gómez, incidió en la obviedad de la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, agravada en el caso de la discapacidad. Señaló la exclusión en el empleo, la mayor precariedad y la brecha salarial, defendiendo la incorporación sistemática de informes de impacto en discapacidad en las políticas públicas. Reclamó además una estrategia específica para abordar la violencia de género en mujeres con discapacidad, subrayando la insuficiencia de los enfoques actuales.

Por su parte, Joaquín Guerra, en representación de Adelante Andalucía, puso el acento en la doble discriminación que sufren las mujeres con discapacidad y en el papel que asumen muchas de ellas como cuidadoras. Defendió la necesidad de impulsar la asistencia personal como herramienta de autonomía y de descarga de las responsabilidades familiares, así como el desarrollo de políticas específicas de prevención y atención a la violencia de género con enfoque de discapacidad, incluyendo una atención reforzada a mujeres con problemas de salud mental por su especial vulnerabilidad.

Aquí tienes una versión más depurada, con mayor peso institucional y tono más “Isabel Caballero”, más sobria y con carga política sostenida:

Conclusiones

El encuentro ha permitido constatar, en un contexto marcado por la precampaña electoral, que la discapacidad sigue ocupando un lugar insuficiente en la arquitectura real de las políticas públicas, pese al reconocimiento formal que concita en el plano discursivo.

Se evidencia una coincidencia amplia en el diagnóstico de los principales déficits estructurales: demoras prolongadas en los procedimientos de reconocimiento de la discapacidad y de la situación de dependencia, insuficiencia de recursos en el sistema educativo para garantizar una inclusión efectiva, persistencia de barreras en materia de accesibilidad y dificultades sostenidas en el acceso al empleo. No obstante, esta coincidencia no se traduce de manera homogénea en las respuestas planteadas, que difieren en alcance, prioridad y modelo de intervención.

En este contexto, se refuerza la premisa la discapacidad debe incorporarse como eje transversal en el diseño, ejecución y evaluación de todas las políticas públicas. No se trata de ampliar dispositivos aislados, sino de integrar de forma estructural este enfoque en el conjunto de la acción pública, con mecanismos efectivos de seguimiento y rendición de cuentas.

En el ámbito sociosanitario, la situación actual evidencia tensiones que comprometen el ejercicio de derechos fundamentales, especialmente en lo relativo a la dependencia y la atención temprana. Las demoras acumuladas no solo generan ineficiencia administrativa, sino que impactan de manera directa en la autonomía personal y en las condiciones de vida de las personas y sus entornos familiares, lo que exige respuestas de carácter estructural.

En educación, el debate ha puesto de manifiesto la distancia existente entre el modelo inclusivo que se proclama y su materialización efectiva en los centros educativos. La falta de profesionales de apoyo, la insuficiencia de recursos y las condiciones organizativas actuales limitan el desarrollo de trayectorias educativas en igualdad de condiciones, situando a muchas familias en escenarios de incertidumbre sostenida.

En materia de empleo, persisten barreras que dificultan la incorporación en el mercado ordinario, lo que obliga a reforzar tanto las políticas de incentivo como los instrumentos de control del cumplimiento normativo, al tiempo que se reconoce el papel que continúan desempeñando los centros especiales de empleo de iniciativa social como elemento de soporte del sistema.

La accesibilidad, por su parte, continúa configurándose como un ámbito de intervención prioritario, no solo en su dimensión normativa, sino en su aplicación efectiva en los entornos cotidianos, lo que requiere planificación integrada, coordinación interadministrativa y dotación presupuestaria suficiente.

De manera particularmente relevante, el bloque dedicado a mujer y discapacidad ha puesto de relieve la necesidad de abordar las desigualdades específicas que afectan a las mujeres con discapacidad, tanto en términos de participación social y económica como en el acceso a recursos y en la exposición a situaciones de violencia. La incorporación de esta dimensión en las políticas públicas no puede plantearse como un elemento accesorio, sino como una condición necesaria para garantizar una respuesta adecuada y ajustada a la realidad del colectivo.