Hoy, a las 10:00 horas, se ha celebrado de forma virtual la reunión de la Comisión de la Mujer de CERMI Andalucía, un espacio clave para definir las prioridades de cierre del año. Bajo la dirección de su presidenta, Isabel Viruet, y con el apoyo técnico de Ana Vales, la sesión ha contado con la participación de entidades como Andalucía Inclusiva y FAMDISA, en representación de las mujeres con discapacidad física y orgánica, quienes han contribuido a enriquecer el debate sobre derechos y estrategias de futuro.

Entre los temas destacados, la Comisión ha ultimado los detalles de la Jornada Anual de Mujeres con Discapacidad, que se celebrará el próximo 13 de diciembre en formato online. Este evento estará dedicado a las mujeres con discapacidad en la ruralidad andaluza y el ejercicio pleno de sus derechos. Con una programación intensa en contenidos y testimonios en primera persona, la jornada busca visibilizar los retos específicos de este colectivo, abordando aspectos como el empleo, la participación social y la crianza en entornos rurales.

Además de la jornada, se ha debatido sobre las líneas prioritarias para la agenda de 2025. Entre ellas destacan la visibilidad de las mujeres mayores con discapacidad y la conmemoración del 30 aniversario de la Declaración de Beijing, una oportunidad para renovar los compromisos con los derechos humanos desde la perspectiva de género y discapacidad.

La reunión también ha puesto el foco en el Protocolo de atención a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, presentado recientemente por la Junta de Andalucía. Aunque elaborado en 2021 por FAMDISA y revisado posteriormente, su aplicación efectiva aún requiere una vigilancia activa por parte de las organizaciones de discapacidad y las propias mujeres afectadas.

Desde Andalucía Inclusiva y FAMDISA, Mª Jesús Pérez, presidenta de FAMDISA, e Isabel Caballero, miembro del equipo técnico, han subrayado que el cumplimiento de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género sigue siendo una asignatura pendiente en Andalucía, incluyendo la necesidad de un estudio específico sobre la violencia que enfrentan las mujeres con discapacidad. En este sentido, hay que remarcar la importancia de realizar acciones de incidencia política que impulsen un compromiso real y efectivo por parte del Gobierno andaluz.